Para una democracia es esencial la celebración periódica de elecciones libres.
Dicha celebración periódica de elecciones no basta con todo, para que un régimen pueda calificarse de democrático. El Estado de Derecho, que supone, el cumplimiento de la ley, el respeto por los derechos humanos, la separación de poderes (y por tanto la independencia del poder judicial) así como la alternancia en el poder, son elementos tan esenciales como aquéllas, para poder calificar a un régimen como democrático.
Desde la Fundación Transforma España consideramos necesario recordar que todo sólido Estado de Derecho conlleva el respeto del Principio de separación de poderes.
Por ello, queremos contribuir al movimiento de defensa de la independencia del poder judicial, garantizando que desempeñan sus funciones en cumplimiento de la ley, alejados de presiones políticas que manipulen sus decisiones.
En este contexto, ante la creciente desconfianza en las instituciones democráticas, por los constantes desafíos al Estado de Derecho, la Fundación Transforma manifiesta su profunda preocupación por los ataques a la independencia judicial en España,
Ante la necesidad de contar con jueces profesionales, convenientemente formados y neutrales únicamente movidos por sentimientos de justicia, de respeto y correcta aplicación de la Ley y el Derecho, sin injerencia de ideologías políticas .
Nuestros gobernantes no parecen ser conscientes de que un Estado sin Poder Judicial independiente deja automáticamente de ser una Democracia para convertirse al menos en una autocracia cuando no en un régimen abiertamente totalitario.
Por todo esto, desde la Fundación Transforma España hemos reunido a destacadas personas e instituciones para lanzar una declaración en favor de la Independencia del Poder Judicial para poner en guardia a la sociedad entera alertándola de ese riesgo y de sus consecuencias.
Le animamos a apoyar con su firma la Declaración en favor de una Justicia Independiente, una iniciativa que reivindica la importancia de preservar la independencia judicial como garantía fundamental del Estado de Derecho.
Estado: en activo.