Desde el Círculo de Empresarios consideramos necesario adoptar medidas fiscales, consensuadas y con visión de largo plazo, sin que supongan la creación de nuevos tributos ni la subida de los ya existentes, con el objetivo de aumentar la efectividad en la recaudación tributaria y situar los ingresos públicos en torno al 40% del PIB en 2020. Es decir, requerimos de nuevas reformas estructurales que logren alcanzar estos objetivos y que, al mismo tiempo, afiancen el crecimiento económico y la creación de empleo estable y de calidad, y garanticen la protección y la cohesión social.

1. Reforma integral del sistema fiscal para equiparar su diseño al de los países más competitivos de nuestro entorno, en tipos y en incentivos fiscales, lo que redundaría positivamente en una mayor generación de empleo, en la atracción de inversiones e instalación de centros productivos y en el crecimiento de nuestras empresas. Todo ello, favorecería la aparición de un mayor número de contribuyentes y, en consecuencia, impulsaría los ingresos tributarios. En concreto:

• En el Impuesto de Sociedades: establecer un tipo único y más reducido, en torno al 20%, y un esquema de beneficios fiscales equiparable al de los países más competitivos de la UE, como Suecia, Reino Unido y Países Bajos.
• En el IVA: simplificar su diseño y reasignar los bienes sujetos al tipo general y reducido siguiendo el esquema mayoritario de los países de la UE, y en especial el aplicado en Austria y Alemania.
• Cotizaciones a la Seguridad Social: reducir la carga sobre el empleador y, paralelamente, avanzar progresivamente hacia un esquema contributivo de reparto más equilibrado que garantice la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, como ocurre en Alemania, Austria, Países Bajos y Reino Unido.
• En el IRPF, su mayor recaudación al ampliarse las bases imponibles y el empleo posibilitaría equiparar los tipos marginales a la media de la OCDE o de la Eurozona.

2. Intensificar la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Por un lado, deben incrementarse los recursos para inspecciones de la Agencia Tributaria, agilizar los tiempos y proveer incentivos fiscales para aflorar la actividad, como en Noruega y Países Bajos. Y, por otro lado, adoptarse medidas que generalicen el pago por medios electrónicos siguiendo la experiencia de los países nórdicos.

3. Reordenar las potestades tributarias de Estado, CCAA y Entidades Locales. La competencia, tanto en legislación como en gestión de la fiscalidad empresarial, debería ser exclusiva del Estado para facilitar así la unidad de mercado, de forma que las decisiones empresariales no se vean distorsionadas por los más de 70 impuestos autonómicos y los tributos locales con los tremendos costes de gestión que esto conlleva. En el caso de los Impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, transferidos a las CCAA, minimizar su gravamen al constituir una sobreimposición sobre el ahorro y una figura tributaria prácticamente desaparecida en países como Austria, Canadá o Suecia.

4. Simplificar el sistema tributario español, que ha alcanzado un nivel de complejidad muy negativo para la seguridad jurídica, la eficiencia económica y los costes de gestión tanto de la Administración como de los administrados. Ello exige:

• Suprimir tributos. Las potestades tributarias de las distintas administraciones públicas han dado lugar a una multiplicidad de figuras tributarias que se superponen unas con otras sin encajar entre sí y que recaen con frecuencia sobre las mismas actividades y materias imponibles.
• Simplificar la redacción de la normativa tributaria, mediante leyes más sencillas, eliminando requisitos innecesarios y con reglamentos más claros.
• Reducir la presión fiscal indirecta que soportan las empresas, reconduciendo a términos razonables las obligaciones de información, la duración de las actuaciones de comprobación y los tiempos y las formas de resolución de los conflictos, promoviendo la posibilidad de alcanzar acuerdos formales con la Administración Tributaria.

5. Mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria y sus relaciones con los contribuyentes:

• Promover la cooperación entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Esta última tiene que mostrarse cooperadora con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones siguiendo modelos que han resultado muy fructíferos en los países más avanzados de nuestro entorno (por ejemplo, Reino Unido).
• Emplear un lenguaje más comprensible y preciso por parte de la Administración Tributaria en su relación con el contribuyente.
• Crear procedimientos tributarios que permitan el cruce de la información y reduzcan las obligaciones de gestión que actualmente recaen sobre los contribuyentes.
• Impulsar una mayor coordinación entre la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria.
• Acelerar la resolución de conflictos vía administrativa y judicial, introduciendo mecanismos de resolución alternativa de litigios tributarios con mayor previsibilidad y estabilidad (arbitraje tributario o mediación) siguiendo la experiencia de Reino Unido, Portugal y Bélgica, y dotando a la Administración de más recursos y medios.

6. Fomentar el crecimiento del tamaño medio de la empresa española, su expansión internacional y la atracción de talento e inversión extranjera.

• Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del IS y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes Contribuyentes de 6 a 20 millones de euros.
• Impulsar el crecimiento y la capitalización empresarial, ampliando los beneficios fiscales para aquellas entidades que reinviertan los beneficios obtenidos (por ejemplo, reintroduciendo el régimen de exenciones por reinversión).
• Establecer regímenes especiales de IRPF, estables y únicos, para favorecer la retención y atracción del talento, así como la instalación efectiva de los centros de competencia de multinacionales en España. Asimismo, potenciar las medidas fiscales favorables a la expatriación de personal relacionado con la internacionalización de las empresas españolas.

7. Potenciar la sociedad del conocimiento y la creación y explotación de productos y servicios de alto valor añadido mediante una actualización de las deducciones, revisando los actuales límites de compensación y vinculándola de forma más flexible al mantenimiento de la plantilla.

Finalmente, junto a la reforma de la política fiscal española es necesario y urgente:

8. Dotar de mayor estabilidad, transparencia y seguridad jurídica a nuestro sistema tributario dado su impacto en las decisiones económicas de los ciudadanos, las empresas y los inversores nacionales e internacionales.

9. Promover la educación fiscal, para hacer a los ciudadanos conscientes de su corresponsabilidad hacia el Estado de Bienestar. Éstos deben conocer los costes asociados a los servicios y prestaciones públicas, y el reto de su sostenibilidad ante el envejecimiento de nuestra población.